La primavera pasada, los recortes describieron arrestos inquietantes: un mecánico detenido por “merodear” junto a su garaje; un diácono acusado de “obstrucción” por interrogar a un registro de su hijo; y una viuda cuya casa fue vendida por impuestos tres meses después de que pasó diecinueve días encarcelada por un cargo más tarde despedido.
En junio, Lorraine envió algo además de recortes: un sobre de Manila que contenía treinta y un cartas manuscritas de los residentes del condado. Utilizaron papel de cuaderno, membrete de la iglesia, incluso el reverso de un recibo de la tienda de alimentación.
Every letter concerned Sheriff Voss.
“These folks wrote to the GBI,” Aunt Lorraine said on the phone. “To the governor. To the county commission. Nothing happened. Some of them got visits from deputies the next week asking why they were making trouble.” Her voice shook. “Amara, I know you can’t do anything. You’re a judge. But somebody in Atlanta needs to read these. Somebody who’ll know where to send them.”
