Desdoblé el papel con extremo cuidado, alisando las esquinas rotas sobre mis rodillas.
Era una notificación bancaria con sellos oficiales del Juzgado de lo Familiar del Estado de Puebla y el membrete timbrado de una institución financiera. En la parte superior, con tinta negra y tipografía formal, figuraba el nombre completo de mi padre: Alberto Méndez Salgado. Justo debajo, subrayado con un trazo grueso, aparecía el nombre de mi pequeña: Sofía Méndez, menor de edad, beneficiaria única e irrevocable.
Mis ojos devoraban los números, incapaces de asimilar la magnitud de lo que leía.
No se trataba de una cuenta simbólica de ahorros ni de un trámite rutinario. Era un fideicomiso judicial constituido dos semanas antes de la muerte de mi padre, alimentado con la liquidación total de sus cuarenta años de trabajo como jefe de mantenimiento textil y la venta legal de una bodega comercial en Atlixco. El documento estipulaba una pensión de manutención mensual de treinta mil pesos mexicanos, destinada exclusivamente a la alimentación, salud, vivienda y educación privada de Sofía hasta que cumpliera la mayoría de edad. Además, existía un fondo de capital retenido que superaba los dos millones y medio de pesos.
