Sentí un zumbido ensordecedor en los oídos. El aire se me escapó de los pulmones con la violencia de un golpe seco en el estómago.
Al pie de la segunda página, donde debían constar las firmas de los tutores legales, estaba la trampa. Mi madre, Patricia, figuraba como administradora fiduciaria mancomunada junto a Fernanda. Adjunto al extracto había una copia diminuta de una resolución notarial emitida en San Pedro Cholula: me habían declarado «en paradero desconocido e incapacitada legalmente para la tutela económica», valiéndose de un domicilio falso en el norte del país y de firmas falsificadas ante un notario corrupto.
Llevaban cinco años cobrando ese dinero. Sesenta meses ininterrumpidos. Más de un millón ochocientos mil pesos retirados en ventanilla, sin contar los rendimientos de inversión del capital principal.
El lujoso coche alemán de Ricardo. Las vacaciones anuales de Fernanda en la Riviera Maya. Los vestidos de diseñador con los que se paseaba por los centros comerciales de Angelópolis. Las joyas de oro con las que mi madre presumía ante sus vecinas mientras aseguraba que sus hijas la tenían «como a una reina». Todo, absolutamente todo, había salido del sudor de mi padre moribundo y del plato que le correspondía por derecho a mi hija.
