Fui al ultrasonido esperando ver la carita de mi bebé, pero la doctora se quedó inmóvil frente al monitor. Mi suegro, el alcalde, había elegido personalmente al especialista que me revisaría dos días después. Ella arrancó el enchufe y susurró: “No permitas que te lleven a esa consulta”. Le pedí que me explicara qué ocurría. Entonces sacó mi expediente y me mostró quién recibiría las imágenes antes que yo.

Dos días antes del accidente, Mateo había actualizado su testamento.

Me dejó la parte de sus acciones que consideraba necesaria para protegerme y destinó otra a nuestro hijo.

Además, había enviado al despacho copias de ciertos contratos que necesitaban revisión.

Aquello explicaba por qué Víctor estaba tan desesperado por controlar mi embarazo.

Pero faltaba algo todavía peor.

Después de la muerte de Mateo, mi suegro había presentado documentos en los que supuestamente yo aceptaba venderle mis derechos accionarios.

Algunos llevaban fechas de cuando estaba demasiado afectada por el funeral para entender siquiera qué ocurría a mi alrededor.

Otros contenían firmas que no reconocía.

La abogada había cuestionado esas operaciones, pero Víctor aseguraba que yo había autorizado todo voluntariamente.

—Necesitábamos que pudieras declarar libremente y revisar las firmas —me dijo Patricia—. Ahora sabemos por qué él estaba tan interesado en impedirlo.