Fui al ultrasonido esperando ver la carita de mi bebé, pero la doctora se quedó inmóvil frente al monitor. Mi suegro, el alcalde, había elegido personalmente al especialista que me revisaría dos días después. Ella arrancó el enchufe y susurró: “No permitas que te lleven a esa consulta”. Le pedí que me explicara qué ocurría. Entonces sacó mi expediente y me mostró quién recibiría las imágenes antes que yo.

No regresé a vivir con Víctor.

Tampoco volví a considerar aquella mansión como un hogar.

A través de Patricia iniciamos las acciones legales correspondientes para cuestionar los contratos, investigar las firmas y proteger las acciones que nos pertenecían.

Una auditoría encontró transferencias injustificadas, operaciones con empresas relacionadas y documentos que no coincidían con las autorizaciones existentes.

El conflicto llegó a los tribunales.

Mientras tanto, la empresa quedó bajo una administración supervisada para evitar que los trabajadores perdieran sus empleos.

Fue un proceso largo.

No bastó con una grabación ni con las lágrimas de Víctor para resolverlo todo.

Pero las pruebas comenzaron a formar una historia que él ya no podía controlar.

La Fiscalía ejerció acciones penales en su contra por la muerte de la doctora Ana, los ataques contra nosotros y los hechos relacionados con la intoxicación.